SANTO DOMINGO, RD- El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional decidió mantener en prisión preventiva al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a quien se le acusa de defraudar al estado dominicano en más de RD $ 6 mil millones (US $ 103,4 millones de dólares) como parte de una compleja red criminal cuyas actividades incluían conspiración, fraude, soborno, falsificación de documentos públicos, robo de identidad, ciberdelito y dinero. blanqueo.

El 30 de junio de 2021, las autoridades arrestaron a Rodríguez por acusaciones de desviar fondos públicos hacia grupos que apoyaban al Partido de la Liberación Dominicana y destruir registros relacionados con extradiciones, incautación de activos y actividad delictiva durante su mandato como Fiscal General de la República Dominicana.

El arresto se produjo luego de que se impidiera a Rodríguez abordar un vuelo con destino a Florida el 24 de junio de 2021. La decisión de impedir que Rodríguez abandonara el país fue controvertida, ya que en ese momento no se había emitido una orden de captura en su contra.

El arresto de Rodríguez se produce como resultado de una investigación de corrupción pública titulada Operación Medusa, dirigida por Yeni Berenice Reynoso, fiscal y directora de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

Las autoridades también detuvieron a otros exfuncionarios de la Fiscalía General de la República durante el mandato de Rodríguez, entre ellos Miguel José Moya, Javier Alejandro Forteza, Altagracia Guillén Calzado y Rafael Antonio Mercedes, y allanaron varias propiedades de los detenidos y sus familiares, incluida una propiedad residencial propiedad de la madre de Rodríguez.

El 13 de julio de 2021, Rodríguez fue enviado a prisión preventiva durante 18 meses. Asimismo, tres exfuncionarios fueron enviados a prisión preventiva, mientras que a otras tres personas implicadas en el caso se les ordenó cumplir su prisión preventiva en arresto domiciliario.

La jueza Vásquez dispuso la próxima revisión obligatoria para el 19 de marzo de 2022.

En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Por este caso, Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España y el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.

De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.

El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.

El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.