Ministerio Público solicita a jueza fusionar expediente Operación Coral y Coral G5

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó en el expediente de medida de coerción en contra de tres generales y otras 10 personas  en el caso denominado Operación  Coral 5 G y  que el tribunal que conoce las medidas de coerción que  fusione el expediente con la operación coral, debido a que los implicados en ambos expedientes se asociaron para cometer actos de corrupción a los fines de sustraer recursos del Estado para su beneficio personal con la compra de  bienes muebles e inmuebles.

En la solicitud de medida de coerción se detallan la presunta participación de la red, donde algunos se identificaban con lo que el ministerio público ha denominado Codinome.

Exigir sumas millonarias como sobornos a empresarios y suplidores del CUSEP y CESTUR, utilizar militares y policías para hacer transacciones millonarias sin justificación, crear empresas para adquirir bienes pero que no presentaban operaciones comerciales, utilizar sellos de distintas instituciones públicas como la contraloría General de la República para darle apariencia licita a las operaciones que supuestamente buscaban distraer los fondos del Estado,  son algunas de las imputaciones que hace el MP a tres generales y otras 10 personas en la operación denominada Coral 5 G.

Indica el órgano persecutor que la supuesta red adquirió decenas de bienes millonarios como son casas, apartamentos, autos lujosos, fincas, empresas, cuentas bancarias, para según la acusación colocar los activos distraídos del patrimonio público.

Una de las principales fuentes de recursos ilícitos, utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado se Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur  y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP)”.

Para cometer las acciones delictivas desde la nóminas existía un esquema tipo piramidal en donde, en el caso del CESTUR, el imputado Juan Carlos Torres Robiou , Codinome D1, aprobaba nombramiento de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el Director del Departamento de Recursos Humanos, el imputado Coronel Yehudy Guzmán Alcántara,  Rafael Núñez de Aza y el encargado de tecnología y nómina, imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En el caso del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre era quien aprobaba los nombramientos de personas, no obstante, estos no pasaban por Recursos Humanos, sino que se colocaba de forma directa en nómina que era manejada por el Gerente Financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza,

El esquema de corrupción consistía reclutaban militares que estuvieran asignados a otras instituciones, o que no tuvieran funciones en específico, luego las personas que pasaban la depuración eran agregadas a las nóminas de CUSEP o CESTUR, con salarios de entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, los cuales debían ser devuelto en su totalidad, y en otras ocasiones los “nombrados” eran autorizados a quedarse con montos que van desde 2 mil hasta 10 mil pesos, dependiendo de la cantidad asignada, y el resto debían devolverlo a las “cabezas recolectoras”,