Reducción de diputaciones impactará significativamente al Poder Legislativo

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La Cámara de Diputados podría reducirse de 190 a 137 legisladores, una propuesta que ha generado reacciones tanto a favor como en contra. De 13 países latinoamericanos, República Dominicana se encuentra en segundo lugar en este indicador frente a naciones que la superan en territorio y población, sin embargo, esta reducción la acercaría a la media regional.

Disminuir estos escaños del Congreso Nacional implicaría una redistribución de las plazas territoriales, modificando así parte de la estructura actual del Poder Legislativo.

El Estado dominicano cuenta con más diputados que países como Guatemala, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Jamaica, El Salvador y Costa Rica.

Entre todas las naciones comparadas, solo Venezuela supera a la nación en número de diputados, ya que en julio de 2020, el presidente Nicolás Maduro aumentó el número de legisladores de 167 a 277.El pasado lunes, el presidente Luis Abinader adelantó que la reforma constitucional, que se evaluará en el Congreso Nacional a partir del 16 de agosto, contemplará la eliminación de 53 escaños en la Cámara de Diputados.

La propuesta del Ejecutivo contempla la siguiente distribución: 110 legisladores escogidos por las demarcaciones provinciales, 20 diputados nacionales y siete congresistas del exterior.

¿Cómo se distribuirían los escaños?

El artículo 81 de la Constitución dominicana establece la cantidad de representantes en la Cámara Baja y cómo deben distribuirse.

En ese sentido, hay dos principios que influyen directamente en el mecanismo de distribución de los puestos en el territorio nacional: la población y la disposición de que cada provincia tenga al menos dos diputados.

Como informó el primer mandatario, las curules por representación geográfica pasarían de 178 a 110, lo que implica la eliminación de 68 puestos. Para reorganizar esta nueva estructura, se debe dividir la población total entre los escaños disponibles.

Basado en esta idea, se pasaría de una diputación por cada 50,000 habitantes (como está ahora) a una por cada 98,000 habitantes (específicamente 97,945).Todavía no se ha explicado si se mantendrá la disposición constitucional que indica que cada provincia debe tener al menos dos representantes en la Cámara de Diputados. Por ello, Diario Libre realizó una proyección de cómo podrían reducirse estas posiciones a nivel provincial en cada caso.

Por ejemplo, el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo) cuenta con 61 plazas en total; de aplicarse este sistema, los escaños en estas demarcaciones pasarían a ser 35 (dejando al menos dos representantes por provincia) o 39 (uno por cada 98,000 habitantes).

De igual forma, Santiago podría pasar de 18 diputaciones a unas nueve u once curules, dependiendo del sistema que se adopte en la modificación a la Carta Sustantiva.

Para este cálculo, se aplicó la fórmula contemplada en la resolución 01/2018, que estableció la distribución de diputados y diputadas del Distrito Nacional y las provincias para las elecciones de 2020, y los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda (2022).

Presidente del Senado apoya reducción

Este lunes, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, consideró que la reforma constitucional debe incluir una reducción en la cantidad de legisladores.

El senador de la provincia Sánchez Ramírez apoyó esta propuesta, argumentando que en el país “se hace realmente difícil” construir consensos legislativos con una matrícula tan alta de diputados.

Ahorro de RD$500 millones

En marzo de 2024, el partido Opción Democrática (OD) presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley para reducir la matrícula de diputados de 190 a 140.

En una rueda de prensa encabezada por el diputado José Horacio Rodríguez en la explanada del Congreso Nacional el 24 de ese mes, el partido opositor explicó que la reducción implicaría la eliminación de 50 escaños en la Cámara Baja y que, por tanto, el Estado se ahorraría alrededor de 500 millones de pesos que son usados para salarios y gastos de representación.

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Ozema Méndez

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